La Comisión Europea (CE) ha decidido enviar a España una solicitud oficial de información sobre la nueva aportación a cargo de los operadores de telecomunicaciones para compensar la supresión de la publicidad de pago en Radiotelevisión Española (RTVE). "A la CE le preocupa que esta tasa administrativa basada en los ingresos facturados por los operadores pueda ser incompatible con el derecho de la UE, porque no parece estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", afirma un comunicado publicado hoy.
Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público.
El primero, abierto el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados. El segundo, anunciado hoy, consiste en un procedimiento por supuesta infracción a la legislación europea sobre telecomunicaciones.
Según explicó el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.
Se trata del segundo expediente abierto por el Ejecutivo de la UE a propósito del nuevo sistema de financiación del ente público.
El primero, abierto el 2 de diciembre pasado bajo las normas de competencia, investiga si la financiación constituye una ayuda de Estado incompatible con los tratados. El segundo, anunciado hoy, consiste en un procedimiento por supuesta infracción a la legislación europea sobre telecomunicaciones.
Según explicó el portavoz comunitario para la llamada Agenda Digital, Jonathan Todd, Bruselas cree que la tasa impuesta a los operadores de telecomunicaciones "parece no estar relacionada con los costes derivados de la supervisión reglamentaria", sino que ha sido introducida simplemente para cubrir la pérdida de ingresos derivada de la supresión de la publicidad.
En un comunicado, la comisaria europea Neelie Kroes afirma que esta aportación podría "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes".
España dispone de dos meses para contestar a las objeciones de Bruselas.
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